Hacia una teoría general de la jurisdicción voluntaria. - Fernández de Buján y Fernández, Antonio (Monografías., 2008)
La Disposición Final decimoctava de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, establece que : “En el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria”. En el año 2002 se constituyó una Ponencia, formada por expertos y profesionales del Derecho afectados por la reforma, en el seno de la Comisión General de Codificación, que elaboró un texto prelegislativo, integrado por 306 artículos y 10 disposiciones complementarias que, asumido como Propuesta de Anteproyecto por el Ministerio de Justicia y publicado en su Boletín Informativo en octubre de 2005, sirvió de base al Proyecto de Ley del Gobierno, aprobado para su remisión a Las Cortes, el 20 de octubre de 2006. En trámite de asesoramiento, en mayo de 2007, se produjo la comparecencia y posterior debate, de catorce expertos, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En trámite de enmiendas, no se presentó ninguna enmienda a la totalidad y un total de 323 a su articulado. El 27 de junio de 2007, fue aprobado, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con Competencia Legislativa Plena, el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. En trámite de enmiendas en el Senado, se presentaron un total de 239 a su articulado. El 24 de octubre de 2007, fecha fijada para la votación del Proyecto de Ley en el Pleno del Senado, el Gobierno decidió retirar el Proyecto. El alto nivel técnico del Texto Legal retirado -la aprobación de enmiendas contradictorias, en la Comisión de Justicia del Congreso, se reduce a dos artículos en materia de asistencia técnica y de recursos- y el grado de confianza, manifestado por todos los Grupos Parlamentarios, en la profesionalidad de los operadores jurídicos y en la madurez de la sociedad civil, hacen augurar la aprobación de esta reforma legislativa, desde posiciones de consenso y de progreso, a fin de dar respuesta, también en esta parcela del Ordenamiento, al desafío de una Justicia más moderna, racional y eficaz.